Descentralizar Bogotá para que la descentralización funcione

Mientras el país discute cómo hacer viable la mayor reforma fiscal territorial desde la Constitución de 1991 (la transformación del Sistema General de Participaciones), Bogotá sigue atrapada en una paradoja silenciosa: es el corazón político y económico de Colombia, pero funciona internamente como una ciudad profundamente centralizada, con territorios sin poder político real y con una representación nacional cada vez más desconectada de la vida local.

El debate nacional ha sido claro. Más recursos para los territorios no garantizan mejores resultados si no existen capacidades, incentivos, reglas claras y autoridades con legitimidad democrática. La descentralización no fracasa por falta de plata; fracasa cuando no hay quién responda por ella. Y esa lección, que hoy se discute para municipios rurales y departamentos, aplica con la misma fuerza —o incluso más— para las 20 localidades de Bogotá.

En la capital, los alcaldes locales no son elegidos por la ciudadanía, sino designados desde el Palacio Liévano. Carecen de mandato político propio, de capacidad real de planificación y de una relación directa de rendición de cuentas con los vecinos. En ese esquema, la descentralización local se reduce a una administración delegada, sin autonomía ni responsabilidad política. Es un modelo que reproduce el mismo error que hoy se critica a nivel nacional: transferir funciones sin poder real.

Por eso, la elección popular de alcaldes locales no es un capricho institucional ni una propuesta electoral de moda. Es una condición mínima para que exista descentralización efectiva dentro de Bogotá. Un alcalde local elegido tiene legitimidad para gobernar, puede construir equipos estables, planear a cuatro años y responder ante su comunidad por los aciertos y los errores. Sin voto no hay corresponsabilidad; sin corresponsabilidad no hay buen gobierno.

Pero la desconexión no termina ahí. Bogotá tampoco está bien representada en el Congreso. Aunque aporta cerca de una cuarta parte del PIB nacional, la ciudad no tiene una representación territorializada. Sus representantes a la Cámara llegan por listas generales, responden a lógicas nacionales y rara vez defienden una localidad concreta. Nadie en el Congreso habla por Suba, por Kennedy o por Sumapaz con conocimiento del territorio y mandato político claro.

La conformación de distritos electorales por localidad para la Cámara de Representantes permitiría corregir esa falla estructural. Un representante por localidad no solo fortalecería el control político, sino que conectaría el presupuesto nacional, el SGP y las decisiones legislativas con realidades concretas. Sería un paso decisivo para romper la representación abstracta que hoy domina la política bogotana.

Esta propuesta no fragmenta la ciudad; la ordena democráticamente. Bogotá no es homogénea. Sus desigualdades territoriales son tan profundas como las que existen entre municipios del país. Pretender gobernarla y representarla desde una lógica uniforme es desconocer su complejidad social, económica y ambiental. La descentralización asimétrica, de la que hoy hablan los expertos para Colombia, empieza por reconocer esa diversidad dentro de la propia capital.

Además, una Bogotá descentralizada políticamente fortalece al Estado, no lo debilita. Alcaldes locales elegidos y representantes territoriales claros crean incentivos para la buena gestión, reducen la opacidad, facilitan el control ciudadano y obligan a que los proyectos trasciendan administraciones. Es la misma lógica que hoy se reclama para evitar que el aumento del SGP termine en pereza fiscal o mala ejecución.

Si Colombia quiere que la descentralización funcione, Bogotá tiene que predicar con el ejemplo. No puede exigir autonomía para los territorios mientras mantiene centralizadas sus propias localidades. Democratizar el poder local y territorializar la representación nacional no es solo una reforma institucional: es una apuesta por una ciudad más justa, más gobernable y más conectada con su gente.

Solo así Bogotá podrá romper el ciclo de representación distante y administración sin responsabilidad política. Si la capital quiere recuperar su voz en el Congreso y mejorar su gobierno local, debe atreverse a elegir a quienes gobiernan sus barrios y a quienes los representan ante la Nación. Ese es el debate que se abre para 2026.