Por Luis Fernando Ulloa 
Durante años, Colombia aprendió a leer la violencia como un fenómeno lejano, confinado a selvas y periferias. Hoy esa lectura es insuficiente. La guerra no desapareció sino que mutó. Ya no avanza solo con fusiles, sino con empresas fachada, inmuebles, blindados, contratos y lavado de activos.
Y su epicentro silencioso es Bogotá.
Las recientes acciones armadas en Buenos Aires (Cauca) y Aguachica (Cesar), con muertos, destrucción y comunidades confinadas, confirman un patrón basado en la reacción tardía del Estado y capacidades operativas debilitadas. A ello se suma la crisis de disponibilidad aérea, afectada por investigaciones sobre presuntas irregularidades en mantenimiento y repuestos de helicópteros, que redujo la capacidad de despliegue y evacuación. En paralelo, el Gobierno ha tensionado la relación con aliados estratégicos en inteligencia, tecnología y defensa, debilitando un andamiaje construido durante décadas.
Este deterioro territorial conecta con un problema mayor: el error de diagnóstico de la Paz Total, donde se asumió que los actores armados conservaban un proyecto político negociable. La evidencia (territorial, judicial y financiera) muestra otra cosa, pues el ELN, las disidencias y los grandes ejércitos narco-criminales operan como holdings delictivos. No buscan transformar el Estado; buscan capturarlo. El resultado ha sido paradójico: menos confrontación visible y más control criminal cotidiano; menos Estado, más gobierno ilegal.
Bogotá es el nodo crítico de esa mutación, no porque aquí se dispare más, sino porque aquí se lava, se patrimonializa y se legaliza, según lo confirman los procesos recientes de extinción de dominio a empresas de telefonía, lingotes de oro, armas, camionetas blindadas y seguridad privada al servicio de estructuras armadas como el ELN. Nada de eso ocurre en la selva mientras todo ocurre en la ciudad.
Desde una perspectiva de inteligencia judicial, el comportamiento territorial no es aleatorio, sino funcional y especializado por localidades de la capital, donde se tiene registros que en Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos operan como nodos administrativos, donde el lavado se hace por contratos, asesorías y facturación cruzada. Usaquén y Suba cumplen la consolidación patrimonial, vía inmuebles de alto valor y flotas blindadas. Engativá y Fontibón articulan logística y comercio exterior. Kennedy y Bosa fragmentan efectivo. Puente Aranda y Tunjuelito funcionan como zonas de transformación, donde la minería ilegal se blanquea en cadenas metalúrgicas urbanas.
A este cuadro se suma un hecho institucional de enorme gravedad: la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para iniciar una investigación formal contra el presidente Petro, con base en un acervo probatorio concreto, incluidas declaraciones bajo juramento de altos exfuncionarios cercanos a la Presidencia, siendo de especial gravedad la proliferación de empresas de vigilancia y seguridad como fachadas armadas, con permisos y contratos, y, en algunos casos, con respaldo de esquemas estatales de protección. Cuando la seguridad se privatiza sin control, el monopolio legítimo de la fuerza se diluye y el Estado se vacía desde dentro.
La seguridad de Bogotá y del país no se puede poner en juego con más anuncios, y por le contrario se debe tener la máxima responsabilidad interviniendo el dinero sucio, identificando beneficiarios finales, acelerando las extinciones de dominio y separando estrictamente la protección estatal de negocios armados.
La conclusión es incómoda pero necesaria, pues Colombia no enfrenta hoy una guerra política, sino una captura criminal del Estado. Bogotá no puede seguir creyendo que el conflicto ocurre lejos. La guerra ya está aquí en la capital: hoy usa traje, factura IVA y se mueve en camioneta blindada.
luis Fernando Ulloa Castrillon