Por Luis Fernando Ulloa 
Desde 1965 Colombia tiene en Bogotá un reactor nuclear denominado IAN-R1, hoy operado por el Servicio Geológico Colombiano. No produce electricidad, pues se trata de un reactor de investigación de apenas treinta kilovatios térmicos (30 kWt), utilizados con fines científicos y académicos; esa cifra no representa electricidad generada, sino la cantidad máxima de calor que puede producir el reactor, una potencia muy pequeña frente a la de una central nuclear diseñada para abastecer una red eléctrica. Durante seis décadas, el IAN-R1 ha contribuido a formar capacidades en ciencias nucleares y a desarrollar distintas aplicaciones de investigación, un antecedente que cambia la manera de abordar el debate colombiano sobre la adición energética, porque el país no parte de cero en materia nuclear.
El tema dejó de ser puramente académico, cuando en febrero de 2026 Colombia firmó con el Organismo Internacional de Energía Atómica un memorando para evaluar aplicaciones nucleares en planificación energética, desarrollo de infraestructura y pequeños reactores modulares, y en septiembre, los acuerdos de Barranquilla con Estados Unidos abrieron un nuevo espacio de cooperación civil nuclear, de carácter no vinculante, orientado al intercambio técnico, científico y regulatorio. Aunque ninguno de esos instrumentos significa que mañana vaya a construirse una central nuclear, sí muestran que la discusión comenzó a entrar en la política energética del país.
En este sentido, el primer asunto es eminentemente tecnológico, pues se viene hablando de los SMR, sigla de Small Modular Reactors o Reactores Modulares Pequeños, que son reactores nucleares avanzados de menor tamaño que una central convencional, normalmente de hasta 300 MW eléctricos por módulo. Su diseño busca que buena parte de sus componentes pueda fabricarse de manera modular y luego transportarse para su ensamblaje en el sitio, permitiendo instalar capacidad de forma gradual; muchos diseños también incorporan sistemas de seguridad pasiva. Para Colombia, su atractivo potencial sería aportar generación firme y continua para complementar una matriz altamente dependiente de la hidroelectricidad y cada vez más integrada con fuentes variables como la solar y la eólica, pero desde luego, estudiar un SMR no equivale a haber decidido instalarlo.
Antes de escoger una tecnología hay que precisar qué problema del sistema eléctrico se quiere resolver: ¿respaldo para periodos de sequía?, ¿generación permanente para nuevas industrias?, ¿mayor diversificación de la matriz?, ¿electricidad de bajas emisiones capaz de operar de manera continua?, la respuesta importa porque la energía nuclear tendría que compararse con otras opciones de confiabilidad, cómo construír nuevas hidroeléctricas, emplear más gas de respaldo, adaptar tecnología de almacenamiento, o transmisión y expansión renovable. La discusión no debería ser nuclear sí o nuclear no, sino qué combinación garantiza energía suficiente, competitiva y disponible cuando el sistema la necesite.
El segundo asunto es geopolítico y comercial. La cooperación con Estados Unidos puede aportar conocimiento, formación, capacidades regulatorias y acceso a una industria nuclear avanzada, pero también abre una pregunta inevitable: ¿quién suministraría la tecnología si Colombia decide avanzar? Estados Unidos promueve activamente su industria nuclear en el escenario internacional y los SMR hacen parte de esa estrategia, de modo que Colombia tendría que evitar que la discusión termine reducida a escoger un proveedor. Una política nuclear responsable debería comenzar por definir qué necesita realmente el país, qué capacidades quiere desarrollar internamente y bajo qué condiciones estaría dispuesto a incorporar tecnología extranjera. La cooperación estratégica y el interés comercial pueden coexistir; lo decisivo es que cualquier decisión responda primero a las necesidades del sistema energético colombiano.
Ahí está el verdadero alcance de la puerta que se abrió en Barranquilla, toda vez que Colombia conoce la tecnología nuclear desde hace más de sesenta años, pero utilizar un reactor para investigación es muy distinto de producir electricidad para el sistema interconectado nacional, pues ese salto exige capacidades regulatorias, financieras, técnicas, socioambientales y territoriales mucho mayores. También nos exige responder algunas preguntas antes de construir un reactor como: ¿qué necesidad concreta resolvería?, ¿en qué horizonte?, ¿un reactor convencional o un SMR?, ¿quién suministraría la tecnología?, ¿quién financiaría la inversión y asumiría los riesgos?, ¿cómo se integraría a la red?, ¿quién administraría los residuos (contaminados) y el combustible usado?, ¿qué autoridad regularía de manera independiente? Y, sobre todo, ¿qué ventaja tendría frente a invertir esos mismos recursos en gas de respaldo, hidroeléctricas, renovables, almacenamiento o transmisión?
La discusión ya no consiste en descubrir si Colombia puede hablar de energía nuclear, porque lo hace desde 1965, cuando alrededor del IAN-R1 comenzó a construir un conocimiento científico y técnico que hoy forma parte de sus capacidades acumuladas; el debate que se abre ahora es mucho más exigente y consiste en decidir si, durante las próximas décadas, ese conocimiento debe dar el salto de la investigación a la generación de electricidad y bajo qué condiciones tendría sentido hacerlo. Conviene recordar que la transición energética nos obliga a definir hacia dónde queremos llevar nuestra matriz, mientras la seguridad energética nos exige responder quién y con qué tecnologías garantizará que funcione justamente cuando el país más la necesite. Esa es, en el fondo, la verdadera dimensión de la puerta nuclear de Barranquilla que acaba de entreabrirse, aunque dependerá de Colombia convertirla en una oportunidad de desarrollo humano y territorial o dejar que termine siendo, una vez más, una oportunidad perdida.
luis Fernando Ulloa Castrillon