Por Luis Fernando Ulloa 
Colombia insiste en debatir el presente como si fuera una novedad, cuando en realidad repite una vieja disputa no resuelta: el centralismo frente a la autonomía territorial. Cada vez que el poder se concentra en el centro, reaparecen la resistencia, la desobediencia política y el desgaste institucional. Ocurrió en los albores de la República durante la Patria Boba, se expresó con violencia en la Guerra de los Supremos, hoy se manifiesta en la llamada rebelión de los gobernadores y, de manera menos visible pero igual de profunda, se reproduce dentro de Bogotá, entre la Alcaldía Mayor y las veinte localidades que componen el Distrito Capital.
La denominada Patria Boba no fue únicamente un periodo de improvisación política, sino una confrontación estructural entre federalistas y centralistas, mientras unas provincias defendían su derecho a gobernarse y administrar sus recursos, otras apostaban por un poder central fuerte que garantizara unidad y control. La incapacidad de resolver esa tensión debilitó al naciente Estado y facilitó la reconquista española. Desde entonces quedó sembrada una constante histórica cuando el centro desconoce a los territorios, su consecuencia es que la nación sufre una ruptura política inatajable.
Ese conflicto reapareció con fuerza en la Guerra de los Supremos, encabezada por el general José María Obando. Aquella rebelión no fue un episodio marginal ni un simple desacato, sino la reacción de regiones que se sentían gobernadas desde Bogotá sin reconocimiento de sus realidades políticas, económicas y sociales. Los llamados supremos reclamaban autonomía frente a un centralismo que imponía decisiones y recaudos sin corresponsabilidad territorial. La lección fue que el centralismo puede imponer obediencia temporal, pero genera descontento.
Con el paso del tiempo, esa lógica no desapareció. Por el contrario, se institucionalizó. Durante buena parte del siglo XX, Colombia normalizó la concentración del poder y de los recursos en el nivel central, mientras los territorios asumían responsabilidades sin herramientas suficientes. Hoy, esa tensión vuelve a expresarse en la denominada rebelión de los gobernadores, un fenómeno que empieza a ser estudiado con atención. Gobernadores de distintas orillas políticas han cuestionado la forma como el Gobierno nacional define prioridades, condiciona recursos y exige resultados sin garantizar autonomía ni capacidad de decisión real.
Paradójicamente bajo la presidencia de Gustavo Petro, el discurso del cambio convive con una práctica que reproduce el viejo centralismo. No se trata de una ruptura institucional, sino de una desobediencia política simbólica frente a un modelo que concentra decisiones en Bogotá mientras traslada la carga de la gestión a los territorios, donde los gobernadores (defendiendo los impuestos al licor regional) se amparan en la figura constitucional de “excepción de inconstitucionalidad” (incorporada en la constitución de 1832, empleada cuando las leyes discrepan con la constitución), pero la solución a este debate político sobre centralismo Vs Federalismo no es judicializar la política porque sería contraproducente frente al modelo de Estado en discusión desde la Patria Boba. El mensaje es el mismo que se ha repetido durante dos siglos: el centro decide, las regiones obedecen y la inconformidad se acumula.
Lo paradójico es que este mismo esquema se reproduce al interior de Bogotá, pues el Distrito Capital funciona como un Estado centralista en miniatura. La Alcaldía Mayor concentra el presupuesto, la contratación y las decisiones estratégicas, mientras las localidades (que pagan impuestos y soportan las demandas ciudadanas) carecen de poder real para responder. Los problemas de seguridad, movilidad, agua, basuras, energía, infraestructura y vías se sienten en los barrios, pero se deciden en despachos lejanos.
En este contexto, los alcaldes locales designados a dedo se convierten en la expresión más clara del déficit democrático. Son funcionarios de último nivel, con precaria capacidad presupuestal y bajo alcance contractual, pero con la mayor responsabilidad política ante las comunidades que diariamente exigen respuestas a sus necesidades cotidianas como el simple hecho de recoger la basura, arreglar el parquecito del barrio o poner el bombillo del alumbrado público, cosas que no pueden hacer los alcaldes locales (que realmente serían unos inspectores de policía en la práctica) sin contar con la figura monárquica del Alcalde Mayor quien los puso a dedo y los bota del cargo igualmente, como en el siglo XVIII cuando estábamos supeditados a los Reyes europeos, entonces el ciudadano de cada una de las localidades percibe que no vale de nada pagar sus impuestos, así la mayoría de localidades sean más pobladas que el promedio de departamentos de Colombia.
Profundicemos que la anomalía se vuelve más evidente cuando se observa la dimensión de las localidades, pues reiteramos que Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Engativá o Bosa tienen poblaciones que superan ampliamente la media de los departamentos colombianos. Sin embargo, a diferencia de estos, no cuentan con gobernadores, asambleas, alcaldes municipales, concejales ni representación directa en la Cámara de Representantes. Son territorios con cientos de miles de habitantes, pero sin voz política proporcional a su tamaño ni a su aporte fiscal.
Así como hoy los departamentos reclaman que pagan impuestos pero Bogotá se queda con el presupuesto nacional, las localidades reclaman que pagan impuestos pero la Alcaldía Mayor se queda con todo. Es la misma lógica centralista, repetida a distintas escalas, que termina desconectando al ciudadano de las instituciones y debilitando la legitimidad democrática.
La historia colombiana ya demostró que este modelo no fortalece el Estado, pues desde la Patria Boba hasta la Guerra de los Supremos, y ahora con la rebelión de los gobernadores, el centralismo excesivo ha sido sinónimo de conflicto, desgaste y desconexión territorial. Persistir en una Bogotá hipercentralizada, con alcaldes locales designados a dedo y sin poder real, es repetir un error histórico conocido.
En consecuencia, la descentralización efectiva de Bogotá, con alcaldes locales elegidos popularmente, autonomía presupuestal real y representación territorial en el Congreso, no sería una extravagancia institucional, sino la corrección democrática de una falla estructural que Colombia arrastra desde hace más de dos siglos. La historia ya dio su veredicto, pero falta que la política lo escuche.
luis Fernando Ulloa Castrillon