Por Luis Fernando Ulloa 
En Colombia tenemos una curiosa manera de administrar las finanzas públicas: el Estado reconoce subsidios, las empresas los descuentan de las facturas y millones de ciudadanos reciben el beneficio, pero cuando llega el momento de pagar, los recursos no siempre aparecen. La controversia por el Presupuesto General de la Nación de 2027, que el Gobierno terminó expidiendo por decreto ante la falta de conciliación entre Senado y Cámara, dejó al descubierto un problema mucho más profundo que las disputas políticas del Congreso: ¿cómo garantizar los subsidios de electricidad si el Estado no dispone de suficiente dinero para financiarlos?
La discusión merece explicarse desde el bolsillo de los colombianos, pues la Ley 142 de 1994 estableció un sistema de solidaridad para que los hogares de menores ingresos puedan acceder a los servicios públicos, mediante subsidios de hasta el 60 % para el estrato 1, el 50 % para el estrato 2 y el 15 % para el estrato 3, aplicables al consumo de subsistencia. El estrato 4 no recibe este subsidio ordinario, pero tampoco paga la contribución de solidaridad que corresponde a los estratos 5 y 6 y a determinados usuarios no residenciales, entonces el mecanismo parece sencillo: una parte de la factura la paga el usuario y otra se cubre mediante contribuciones de solidaridad y recursos públicos. Sin embargo, el problema comienza cuando las empresas aplican los descuentos y el Gobierno no gira oportunamente los recursos que debe aportar. Entonces los prestadores terminan financiando temporalmente una política social del Estado, mientras deben comprar energía, pagar a los generadores, mantener las redes y garantizar la continuidad del servicio.
Para 2027, el Ministerio de Minas y Energía estimó necesidades de subsidios eléctricos cercanas a $6 billones, frente a una asignación inicial reportada de aproximadamente $1,43 billones, lo que representaba una diferencia superior a $4,5 billones. Estas cifras corresponden a estimaciones del debate presupuestal y no deben confundirse con una liquidación definitiva de las obligaciones de la Nación, pero permiten comprender la dimensión del desafío fiscal que enfrenta el sector.
Durante la discusión legislativa se incorporaron cerca de $3 billones adicionales para atender subsidios de electricidad, gas y otras necesidades sectoriales. Sin embargo, las diferencias entre los textos aprobados por Senado y Cámara impidieron culminar oportunamente el trámite presupuestal, de manera que el Gobierno expidió por decreto un presupuesto de aproximadamente $634,9 billones, sin aquella adición. Así, una controversia parlamentaria terminó dejando abierta una pregunta que afecta directamente a los usuarios: ¿de dónde saldrá el dinero para cubrir las obligaciones que la propia ley reconoce? Y aquí aparece la paradoja de nuestra política energética, cuando mientras el país discute nuevos proyectos de generación, transición energética, exploración de gas y ampliación de redes, enfrenta dificultades para financiar los subsidios de quienes ya están conectados al sistema. No basta con producir electricidad si las empresas que la comercializan deben asumir deudas crecientes por descuentos que corresponden al Estado.
El problema tampoco puede reducirse a una discusión entre Gobierno y empresarios, porque los subsidios representan una política de redistribución del ingreso que protege a millones de hogares. Para una familia de estrato 1 o 2, una factura eléctrica más alta puede significar sacrificar recursos destinados a alimentación, transporte o educación. Por eso, eliminar indiscriminadamente los beneficios no constituye una solución socialmente responsable, aunque mantenerlos sin financiación suficiente tampoco resulta sostenible. Además, no toda la energía consumida por los hogares subsidiados recibe el descuento, pues el beneficio se limita al consumo de subsistencia, generalmente establecido en 130 kilovatios hora mensuales para localidades situadas a 1.000 metros o más sobre el nivel del mar y 173 kilovatios hora para aquellas ubicadas por debajo de esa altitud. Los consumos superiores se facturan sin ese subsidio, lo que demuestra que el sistema ya incorpora límites para contener el gasto público.
Pero existe otro asunto que pocas veces se discute: ¿todos los hogares subsidiados necesitan realmente el mismo apoyo? La estratificación socioeconómica, utilizada históricamente para distribuir estos beneficios, no siempre refleja con precisión los ingresos y las condiciones económicas de quienes habitan los inmuebles. Por eso, el país necesita avanzar hacia mecanismos de focalización más justos y verificables, sin retirar abruptamente la protección a familias vulnerables ni convertir la reforma en una nueva carga para los sectores medios. En consecuencia, una eventual crisis fiscal de los subsidios debería enfrentarse mediante decisiones institucionales y no con improvisaciones presupuestales. Primero, el Gobierno tendría que establecer públicamente cuánto debe por subsidios efectivamente causados y reconocidos, diferenciando electricidad, gas por redes y otros compromisos. Segundo, Hacienda y Minas y Energía deberían garantizar una programación de pagos con respaldo presupuestal, mientras el Congreso ejerce su función de control y participa en las decisiones que requieran nuevas apropiaciones.
En paralelo, corresponde fortalecer la regulación, reducir pérdidas de energía, revisar los costos eficientes del servicio y exigir transparencia a las empresas prestadoras, porque sería igualmente equivocado utilizar el presupuesto nacional para cubrir ineficiencias empresariales que no corresponden a obligaciones legítimas del Estado. La protección al usuario y la disciplina fiscal no son objetivos incompatibles, siempre que existan información confiable, reglas claras y responsabilidades definidas.
El debate también pone a prueba la capacidad institucional del Estado. No se trata únicamente de conseguir más dinero, sino de calcular correctamente las obligaciones, incorporarlas al presupuesto, girar oportunamente los recursos y verificar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. En síntesis, la discusión del presupuesto de 2027 no debería agotarse en quién ganó o perdió políticamente con su expedición por decreto. Lo verdaderamente importante es establecer si Colombia puede sostener un modelo de subsidios que combine solidaridad social, responsabilidad fiscal y seguridad energética, sin que cada año se repita la incertidumbre sobre los recursos necesarios para cumplir la ley.
Porque el verdadero problema no es que Colombia subsidie la electricidad de los más vulnerables, sino que el Estado prometa pagar una parte de sus facturas sin garantizar oportunamente los recursos. Y cuando esa cuenta se acumula, no desaparece por decreto ni por una votación del Congreso, pues tarde o temprano termina comprometiendo las finanzas públicas, la estabilidad de las empresas o el bolsillo de los ciudadanos.
Una política pública que funciona en el papel, pero carece de financiación, termina trasladando sus dificultades a otros actores del sistema, lo cual genera una pregunta final inevitable: ¿seguiremos discutiendo quién controla el presupuesto o comenzaremos a discutir cómo garantizar que el Estado pueda cumplir las obligaciones que él mismo ha creado?
luis Fernando Ulloa Castrillon