Crisis energética en la agenda electoral 2026

EL gobierno colombiano se atrevió a saltar de la retórica climática a la realidad sin construir un solo puente, es decir, sin prever reservas, infraestructura ni reglas claras. Hoy entramos a octubre con un doble frente de riesgo energético y con el agravante que el  propio Ministerio de Minas y Energía anunció un mantenimiento de la regasificadora SPEC en Cartagena, pieza clave para respaldar plantas térmicas y cubrir la demanda urbana.

Aunque se promete abastecimiento garantizado, los analistas del Centro Nacional de Despacho advierten que, sin al menos 100 millones de pies cúbicos de gas para alimentar a TEBSA (Termobarranquilla), Termocandelaria o Termoflores, el Caribe podría enfrentar cortes programados, pues la transmisión desde el interior del país carece de la holgura necesaria. El verdadero problema no está en un mantenimiento rutinario, sino en las políticas energéticas mal diseñadas o mal sincronizadas. Primero, el freno a nuevas rondas de exploración y la lentitud en madurar reservas costa afuera nos dejó importando más temprano y más caro. En 2024 el gas importado era el 4% de la demanda, en 2025 ya bordea el 17% y para 2026 podría superar el 20% si no entran proyectos locales. Esto no es ideología, es aritmética de seguridad energética, que se basa en una simple regla:  sin contratos nuevos ni cronogramas claros, Colombia se vuelve dependiente del gas importado en condiciones cada vez más costosas. Recordemos que el gas más caro es el de los vecinos.

A la fragilidad del sistema se suma el deterioro financiero de los agentes del sector energético, es decir, las empresas encargadas de generar, transportar y comercializar electricidad y gas. El Gobierno tiene la responsabilidad de girar subsidios para cubrir parte de la factura de los usuarios más vulnerables, especialmente estratos 1, 2 y 3, con el fin de garantizar el acceso equitativo al servicio público y aunque se han anunciado pagos parciales, los gremios siguen reportando saldos pendientes que ponen en aprietos la prestación del servicio en el sector. Esta incertidumbre envía señales ambiguas al mercado, eleva el costo de capital y desincentiva nuevas inversiones justo cuando el país más las necesita.

A ello se suma la creciente dependencia del gas importado, que encarece la energía para industrias y hogares. La propia Promigas, principal transportador y comercializador de gas natural en Colombia, ha advertido que cada año la molécula importada resulta más costosa, una señal de alarma que confirma la vulnerabilidad financiera y operativa del sistema. Ignorar estas advertencias es un craso error, pues en conjunto estos factores revelan la improvisación con la que se ha manejado la transición energética, sacrificando la seguridad en nombre de un ambientalismo dogmático.

El Caribe colombiano se ha convertido en el epicentro de la vulnerabilidad energética, pues sin respaldo térmico ni una transmisión robusta, la región se enfrenta al riesgo de un inminente ‘apagón del siglo XX’ (recordar la hora Gaviria) en pleno siglo XXI, con consecuencias graves para su desarrollo económico, comercial y tecnológico y en este sentido, el Consejo Nacional de Operación (CNO), cómo órgano técnico responsable de garantizar la operación segura, confiable y económica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya advirtió la necesidad de racionamientos, pero mientras los expertos encienden las alarmas, la política oficial se empeña en minimizar la magnitud del problema, generando una peligrosa brecha entre la técnica y la política que puede terminar por socavar la confianza ciudadana en la institucionalidad energética.

Así, la crisis que asoma no es simplemente de generación ni de combustibles, sino de calendario y coherencia. Cuando hablamos de calendario, nos referimos a la incapacidad del Estado de planear a tiempo la entrada de nuevos proyectos y garantizar reservas suficientes; y cuando hablamos de coherencia, señalamos la falta de una política energética articulada que comprenda metas ambientales, económicas y sociales, lo que nos obliga a la responsabilidad que no se mide solo en cifras de oferta y demanda, sino en el impacto directo sobre los derechos humanos básicos como: hospitales sin energía que no pueden salvar vidas, escuelas sin electricidad que condenan a una educación precaria, comunidades sin redes ni conectividad digital que quedan aisladas del desarrollo, la asistencia social o la posibilidad de emprender pequeños negocios que dependen de un refrigerador, una estufa, un datáfono o incluso de las redes sociales para vender sus productos. En un mundo interconectado, la energía es el motor de la dignidad y la herramienta más eficaz para mitigar la pobreza. De la misma forma como se lucha contra el analfabetismo, el hambre o la pobreza extrema, también debemos combatir la pobreza energética y garantizar que el acceso a la electricidad y al gas sea un derecho humano alcanzable. Solo una transición energética con tarifas justas, con visión tecnológica y territorial, permitirá que Colombia avance hacia el desarrollo sin dejar atrás a sus comunidades más pobres, aisladas y periféricas.

Lo anterior nos lleva a repensar que las políticas ambientales en Colombia han intentado frenar la dependencia de los combustibles fósiles, pero lo han hecho sin un plan gradual ni coherente que garantice seguridad energética. En la práctica, mientras se desincentiva la exploración de gas y petróleo, crece la dependencia de las importaciones, lo que encarece el servicio y debilita la soberanía energética. Así las cosas, el reto no está en escoger entre medio ambiente o hidrocarburos, sino en diseñar una transición justa que combine la reducción progresiva del petróleo y el gas con el acceso universal a la energía, mitigando la pobreza energética y asegurando que los derechos humanos y el desarrollo no se sacrifiquen en nombre de un intolerante ambientalismo.

En conclusión, la verdadera crisis no está en el gas o el petróleo, sino en la falta de planeación y coherencia de la política energética. Colombia necesita una transición justa que equilibre metas ambientales con seguridad de suministro, garantizando acceso universal a la energía como derecho humano esencial, para que la sostenibilidad deje de ser un discurso y se convierta en motor de desarrollo, inclusión y superación de la pobreza energética en los territorios más vulnerables. Es todo lo que debemos pedirle al próximo programa de gobierno, acompañado de un Plan Nacional de Desarrollo y una hoja de ruta minero-energética seria de cara a la agenda electoral del 2026.