Esteban Carrillo, estudiante.

La capital de Colombia, epicentro de la descentralización, opera bajo una
contradicción democrática inaceptable: sus 20 alcaldes locales no son elegidos por la
ciudadanía, sino designados por el alcalde mayor. este análisis, de elaboración propia,
utiliza cifras de veeduría y encuestas para demostrar que este anacrónico centralismo
burocrático no solo es la raíz de la parálisis administrativa y el clientelismo en las
localidades, sino que solo una reforma inmediata al Artículo 323 de la constitución,
mediante un Proyecto de Acto Legislativo, puede devolver la soberanía a los
bogotanos.

La constitución del 91 prometió a los colombianos una era de descentralización y
autonomía local, un pacto que otorgó al distrito capital el derecho a forjar su propio
destino y elegir a sus autoridades. sin embargo, en pleno siglo 21, la capital de la
república arrastra una vergüenza democrática: la autonomía de sus 20 localidades es
una ilusion vacia. la figura del alcalde local es el rostro más cercano al ciudadano, no
es un líder electo, sino un simple burócrata designado el Artículo 323 de la
constitución blinda este mecanismo: el alcalde mayor nombra a estos ejecutivos a
partir de una terna enviada por la junta administradora local. este sistema, aunque
barnizado con un proceso «meritocrático», no es más que una simulación de
descentralización. La JAL cumple el requisito de conformar la terna de perfiles
idóneos, pero la decisión final reside en la voluntad política del mandatario distrital,
convirtiendo al alcalde local en un funcionario cuya supervivencia depende del nivel
central, no de sus electores.

El impacto de este anclaje centralista se traduce en una doble condena para la gestión
local en Colombia: parálisis financiera y clientelismo. en términos funcionales, las
alcaldías locales, aunque manejan los vitales fondos de desarrollo local, están
paralizadas. operan bajo una marcada estructura de supervisión y gestión que las
subordina directamente a la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de
Gobierno.No hay autonomía, solo obediencia. esta dirección es la encargada de
administrar y hacer seguimiento a todas las obligaciones presupuestales , limitando
severamente la capacidad autónoma de decisión sobre la inversión local. los informes
públicos detallan con orgullo la ejecución presupuestal de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor, pero los datos específicos de los FDL por cada localidad se pierden
en el consolidado central. este es el rastro evidente de un bloqueo burocrático que
asfixia la respuesta local.En el ámbito político, el sistema de designación es una
invitación abierta al tráfico de influencias. El Concejo de Bogotá ha sido escenario de
«graves denuncias de presunta corrupción en alcaldías locales». la designación, al
anteponer la afinidad política sobre la competencia profesional y la vigilancia fiscal,
transforma el cargo en una posición de cuota política, y el clientelismo prospera.

Pero, ¿cuál es el costo real para la democracia? el déficit de legitimidad ha erosionado
la confianza de los ciudadanos de Bogotá. las encuestas de percepción en localidades
como Suba confirman una demanda democrática reprimida: el 65.86% de los
ciudadanos considera la participación «Muy importante,» una cifra que evidencia el
deseo de incidir. sin embargo, esta voluntad choca con la realidad. un desolador
29.14% encuentra la participación «muy complicada» y un 18.22% cree que esta «no
sirve para nada participar». esta frustración es la prueba de que un alcalde designado
carece del mandato político para ejecutar cambios significativos. Para que la gestión
local sea eficiente, se requiere que los administradores posean sólidas habilidades
funcionales y profesionales, orientadas a resultados, algo que la selección por lealtad
partidista hace casi imposible de garantizar.

La única vía para desanclar a Bogotá del centralismo burocrático es una reforma
constitucional que rompa con la designación y consagre la elección popular
uninominal directa para los alcaldes locales, el mismo estándar que rige para los
alcaldes municipales en el resto de Colombia. otorgar un mandato directo al alcalde
local transforma la rendición de cuentas de vertical a horizontal, obligándolo a
competir y gobernar con base en propuestas reales.no obstante, una elección sin
poder real sería un ejercicio vacío. por ello, la elección debe ir acompañada de la
capacidad para que el alcalde local elegido asuma la administración directa y la
autonomía presupuestal sobre los FDL, liberándose de la rigidez de la Secretaría
Distrital. es un debate recurrente en el país, donde se insiste en la necesidad de
incrementar las transferencias progresivamente para los gobiernos locales, rompiendo
la dependencia histórica.

Dado que la fórmula de designación está incrustada en el Artículo 323 de la
constitución política, el camino es claro: se requiere un proyecto de acto legislativo,
un proceso exigente que requiere dos vueltas de debate y aprobación por mayoría
absoluta en el Congreso. 1 ante la necesidad imperiosa de desbloquear la soberanía de
las localidades, insto formalmente a nuestros legisladores, en especial a los
Representantes a la cámara, a que acojan esta propuesta. debemos modificar el
Artículo 323 para que, de una vez por todas, el ciudadano de Bogotá tenga el derecho
inalienable de elegir a sus líderes locales y forjar así una gestión pública más legítima,
eficiente y transparente. Es la hora de la verdadera democracia local.