Por Luis Fernando Ulloa 
La inclusión del presidente Gustavo Petro, de su esposa Verónica Alcocer, de su hijo Nicolás y del ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton, junto con las consecuencias derivadas de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), constituye mucho más que un golpe político de alto impacto: marca la apertura de un proceso que puede escalar hacia el ámbito judicial internacional. Si Washington decide avanzar con una acusación formal por narcotráfico o lavado de activos -como todo indica que podría ocurrir-, Colombia se enfrentará a una tormenta institucional sin precedentes, el tránsito de una sanción administrativa a un proceso penal de alcance global, una situación que ni siquiera el expresidente Ernesto Samper debió afrontar en el marco del Proceso 8.000 promovido por el Cartel de Cali. Esa eventual transición pondrá a prueba no solo al presidente, sino también a las instituciones encargadas de sostener la estructura del Estado, en particular al Congreso de la República, llamado por la Constitución a ser árbitro de la sensatez y garante del Estado de Derecho.
Este convulso momento exige que el Congreso eleve su voz y abandone el letargo, pues no bastan los pronunciamientos simbólicos ni las reacciones emocionales, cuando el poder Legislativo debe ejercer un control político firme e independiente, convocando a los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa y Hacienda para que expliquen ante el país las consecuencias legales, diplomáticas y económicas de esta sanción. Una comisión multipartidista, con expertos en derecho internacional, podría auditar la información, verificar los hechos y presentar un informe público que devuelva confianza institucional. La verdad, y no el rumor político, es la única defensa posible frente a un proceso que amenaza la soberanía y la estabilidad del país.
El vacío normativo sobre cómo debe responder el Estado colombiano ante sanciones o acusaciones internacionales contra altos funcionarios se ha hecho evidente, pero solamente el Congreso tiene la responsabilidad de llenar ese vacío mediante una ley de cooperación y transparencia internacional que fije reglas claras para la actuación de las instituciones del Estado. Dicho procedimiento legal debería establecer una comisión nacional de verificación integrada por el Congreso, la Procuraduría, la Cancillería, la Fiscalía y expertos independientes para coordinar la defensa institucional, garantizar el acceso a la información y evitar que la respuesta dependa del Ejecutivo. Es de resaltar que para el Estado Social y Constitucional de Derecho, solo el imperio de la ley, y no la improvisación política, puede proteger la soberanía jurídica del país.
Ante la fractura diplomática con Washington y el debilitamiento de los canales oficiales, el Congreso también puede ejercer un papel de diplomacia parlamentaria. Las comisiones de relaciones internacionales y derechos humanos podrían abrir comunicación directa con el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la OEA para explicar que Colombia sigue siendo un Estado con instituciones sólidas y respeto por el derecho internacional. No se trata de defender a una persona, sino de defender la institucionalidad del país y el principio de legalidad que lo sostiene. Un Congreso activo, informado y técnico puede evitar que Colombia sea tratada como un Estado fallido o un gobierno asociado al narcotráfico.
La raíz de esta crisis también está en la falta de resultados y transparencia en la política antidrogas. El Congreso debe fortalecer su rol de control sobre la gestión de la política pública en materia de drogas y cooperación internacional, revisando indicadores de erradicación, sustitución de cultivos y uso de recursos. Una supervisión parlamentaria rigurosa puede desmontar la narrativa de complicidad que hoy justifica la descertificación de Colombia, toda vez que la lucha contra el flagelo del narcotráfico debe convertirse en una política de Estado con control público y no en una herramienta de gobierno o de propaganda pre-electoral.
Igualmente, la defensa de la soberanía tampoco puede basarse en la confrontación ni en la retórica nacionalista, cuando el Congreso ostenta la potestad de fijar la posición del Estado frente a esta crisis y debería convocar una sesión conjunta del Senado y la Cámara para emitir una declaración que combine la defensa de la independencia nacional con el compromiso con la justicia internacional. Defender la soberanía no significa proteger al mandatario de turno, sino garantizar que el país responda con transparencia, cooperación y respeto por la ley. La independencia no se pierde cuando se colabora con la justicia, se pierde cuando el Estado se esconde detrás del discurso.
Ante la confrontación política y la grave crisis diplomática, el Congreso debe convertirse en el centro de equilibrio del Estado, pues su deber más allá de juzgar al presidente o actuar como su escudo, debe asegurar que las instituciones funcionen y que la justicia opere con imparcialidad. Si el poder Legislativo permanece pasivo, la República quedará a la deriva, pero si actúa con serenidad y responsabilidad, podrá evitar que el país cruce la frontera entre la politiquería y la crisis institucional, entonces, el Congreso no debe ser espectador de la historia, sino protagonista de la defensa de la democracia.
En consecuencia, lo que sigue para el presidente no es únicamente un conflicto diplomático, sino una prueba de resistencia para la democracia colombiana, la cual se basa en que el Congreso asuma su papel con independencia y coraje, solo así podrá impedir que la tormenta se transforme en naufragio institucional, en la medida que su obligación -reiteramos- no es proteger a un hombre, sino proteger al Estado de la erosión del poder y del descrédito internacional.
Los colombianos necesitamos un Congreso de la república que esté a la altura de las soluciones internacionales con altura democrática, que traspire con la verdad hacia el mundo, y que actúe como dique de contención frente al populismo y la impunidad, pues cuando el poder se defiende del poder, el equilibrio solo puede encontrarse en el sistema parlamentario tal como también le pasa al sistema gringo cuando el congreso no le permite excesos de poder al presidente Trump.
Luis Fernando Ulloa C.
El Dominical – Conexión_Bogotá
luis Fernando Ulloa Castrillon