Uribe retrocede al 2002 silenciando a Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez intenta revivir la fórmula que lo llevó al poder hace más de dos décadas, pidiendo a sus precandidatos que eviten mencionar a Gustavo Petro y concentren su discurso en las soluciones que el país necesita, aunque fue la misma estrategia que empleó contra Horacio Serpa en 2002, ahora esta jugada táctica, más que estratégica, revela un intento de regresar a una época en la que su liderazgo conectaba directamente con el sentimiento ciudadano de orden y esperanza, pero hoy el contexto es distinto porque Colombia ya no es la misma nación que en 2002, ha cambiado en su estructura social, en su economía, en sus garantías democráticas y en su visión de desarrollo. Aun así, el país parece estar retrocediendo en materia de seguridad y control territorial como si el tiempo se hubiera detenido.

Antagónicamente, la percepción ciudadana frente a la política parece haberse convertido en un duelo interminable entre cristales rotos, o noche de cuchillos largos, donde los unos defienden a Petro con fervor casi religioso y los otros lo atacan con la misma intensidad, y en medio de esa confrontación constante los extremos se reflejan, se alimentan y se justifican entre sí, de modo que el país termina atrapado en un debate circular en el que ya no se distingue la diferencia entre la crítica legítima y el insulto, entre la defensa de las ideas y la reproducción del odio. Por ello, la recomendación de Uribe a los precandidatos de dejar de hablar de Petro y concentrarse en las soluciones no es un simple consejo electoral, sino que es una advertencia de fondo sobre la pérdida de conexión entre la política y la ciudadanía.

La táctica de Uribe, que conoce como pocos el pulso del país, parece haber comprendido que el cansancio ciudadano con la polarización ha tocado fondo y que la gente pide un cambio en el tono y en el contenido del debate. Diversos estudios de opinión como los de Invamer, CNC y Guarumo muestran una tendencia creciente de desconfianza y fatiga frente a los extremos políticos, aunque no existe una cifra única que mida este fenómeno, lo cierto es que la mayoría de los colombianos expresa hartazgo ante la confrontación permanente entre petristas y uribistas, una disputa que ha derivado en una suerte de bipartidismo emocional donde ya no se discuten ideas sino lealtades y donde parece que el país solo tuviera un único partido dominante denominado el Petro-Uribismo, como símbolo de la polarización donde los polos opuestos se atraen impajaritablemente pero que generan una real desconexión entre la clase política y las verdaderas necesidades del ciudadano común.

Uribe intenta corregir el rumbo e imprimirle al uribismo un tono más ciudadano, aquel que en 2002 lo llevó del dos por ciento en las encuestas a la Presidencia de la República, cuando propuso una campaña basada en la autoridad, la eficiencia y la cercanía con la gente, insistiendo en no hablar mal de sus contrincantes sino bien de Colombia. Ese estilo pragmático, que privilegiaba los resultados sobre las consignas, conectó con una sociedad agotada del miedo y la inseguridad. Pero ahora el país cambió, las nuevas generaciones de ciudadanos que habitan este año 2025 sobre nuestra patria, no buscan salvadores ni héroes sino líderes coherentes que entiendan su cotidianidad.

Lo que sí sabemos es que la Colombia de hoy es un país distinto al del 2002, cuando en ese entonces vivíamos bajo el asedio de guerrillas políticas que pretendían tomarse el Estado por la vía armada, imponer un modelo comunista o socialista mediante el terror, la sangre y el fuego y poner de rodillas a la democracia. Recordemos que la nación del siglo pasado estaba fragmentada, las instituciones estaban debilitadas y la sociedad civil vivía en una permanente sensación de zozobra aterradora. Entonces Uribe surgió en ese contexto como el super héroe político que tenía la respuesta para un país que pedía autoridad, seguridad y Estado de Derecho. Pero hoy, más de veinte años después, el país ha cambiado en sus condiciones sociales, económicas, políticas y de desarrollo, con mayores niveles de institucionalidad, acceso a derechos y participación democrática, y sin embargo, paradójicamente, estamos retrocediendo en materia de seguridad.

El llamado acuerdo de Paz Total del presidente Petro terminó siendo un experimento improvisado, sin metodología, sin consensos políticos ni diálogo social sobre la reparación a las víctimas, y sin garantes internacionales que dieran confianza. Bajo la promesa de acabar la guerra, se desactivaron los controles del Estado y se cedió el territorio a la criminalidad. En vez de consolidar la paz, el país quedó a merced de grupos armados sin causa política ni ideología, estructuras del ELN, disidencias y redes de narcoterrorismo con alianzas híbridas entre mafias colombianas y redes vene-mexicanas que buscan conservar e incrementar fortunas ilícitas, no tomarse el poder. Colombia ya no enfrenta una guerra revolucionaria, sino un mercado armado del crimen, donde la violencia dejó de tener discurso político para convertirse en negocio. Ese es el verdadero riesgo del presente: haber confundido la paz con permisividad y el diálogo con impunidad. Más allá del cálculo electoral, el mensaje de Uribe revela una verdad que cruza todo el espectro político: la política se desconectó de la gente.

Así, los “líderes”, sin distinción de partido, discuten entre ellos por micrófonos y titulares, mientras el país real se desangra en inseguridad, informalidad y desesperanza. En ese escenario, el gesto de Uribe puede leerse como un intento por bajar el ruido y recuperar el sentido del debate público, aunque para lograrlo necesita algo más que silencio, se necesita escuchar. La desconexión entre los operadores políticos y las realidades del país se ha convertido en el mayor obstáculo para recuperar la confianza pública, mientras los dirigentes nacionales repiten discursos mágicos o levantan banderas de guerra a muerte o empuñan espadas Bolivarianas ideológicas, es decir, símbolos y más símbolos históricos, la ciudadanía intenta sobrevivir a los desafíos concretos del día a día. Esa distancia entre la simbología política y la vida real refleja una dirigencia que habla desde los templos del poder sin escuchar el eco de las calles, así Colombia necesita una política que vuelva a mirar de frente al ciudadano, que entienda que gobernar no es imponer relatos sino resolver problemas, y que la verdadera conexión no se logra con micrófonos ni consignas, sino con hechos, empatía y presencia real en los territorios.

El país no necesita más odios ni trincheras ideológicas, necesita líderes capaces de mirar a los ciudadanos a los ojos y hablarles con franqueza, serenidad y propósito. Uribe parece haber comprendido esa urgencia, pero su reto será demostrar que su mensaje no busca volver atrás sino avanzar hacia una política que por fin deje de girar alrededor de los mismos nombres y comience a reconectarse con el país real, ese que madruga, trabaja y sobrevive mientras los poderosos discuten entre sí.

En otras palabras, estos políticos están hablando entre ellos y no con la gente, pues se ha perdido la conexión entre quienes gobiernan y quienes viven los problemas reales del país, pues siguen enfrascados en sus riñas ególatras, discursos y estrategias para los grandes medios, pero los ciudadanos requieren respuestas a cosas básicas como el costo de vida, la inseguridad o la falta de empleo. Esa distancia entre el discurso político y la vida cotidiana muestra que los dirigentes se quedaron encerrados en sus burbujas de poder y dejaron de escuchar el eco de las calles. Por eso, el país necesita dirigentes que vuelvan a mirar al ciudadano de frente, que dejen de prometer y empiecen a cumplir, y que entiendan que gobernar no es hablar bonito, sino resolver los problemas reales de los ciudadanos.