Por Luis Fernando Ulloa 
El escándalo Petro–Calarcá dejó de ser un episodio aislado para convertirse en una amenaza estructural que compromete la legitimidad del Estado, la estabilidad institucional y la posición geopolítica de Colombia. Las filtraciones atribuidas a alias Calarcá -chats, correos y documentos que mencionan presuntos contactos con funcionarios y posibles apoyos a la campaña de 2022- activaron alarmas nacionales e internacionales sobre la infiltración narco‑terrorista en el corazón de la política colombiana. Si bien la autenticidad de estos archivos debe ser verificada judicialmente, su contenido ya ha generado implicaciones profundas que el país no puede ignorar.
La inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de sancionados de la OFAC aceleró la crisis, ya que esta medida no requiere sentencia judicial, solo un estándar de sospecha razonable, lo cual indica que Washington contaba con información previa sobre riesgos de financiación irregular y contactos con estructuras criminales. En un momento en el que Donald Trump declara a Nicolás Maduro jefe del Cartel de los Soles y despliega presión militar en el Caribe, la desconfianza estadounidense hacia el Gobierno colombiano coloca al país en una posición geopolítica vulnerable y sin margen de maniobra en materia de cooperación antidrogas.
El impacto interno es aún más grave, pues las filtraciones no solo mencionan al círculo presidencial, sino también a la campaña de Francia Márquez en el Cauca, particularmente por presuntos acercamientos de intermediarios locales con alias Mayimbú, uno de los comandantes más violentos de las disidencias, lo que pone en entredicho la democracia colombiana, pues la sola posibilidad de que estructuras criminales hayan buscado influir en campañas territoriales o nacionales profundiza la percepción de que las disidencias están ampliando su poder político mediante mecanismos clandestinos de cooptación y control social.
Este escenario afecta directamente la política de Paz Total, toda vez que la legitimidad de cualquier proceso de diálogo exige que el Estado actúe como un mediador imparcial y con autoridad moral. Sin embargo, el caso Petro–Calarcá envía un mensaje devastador frente a algunos grupos armados que podrían no estar negociando con el Estado, sino infiltrándolo. Esa lectura, que ya circula entre las disidencias, reduce los incentivos para un sometimiento real y aumenta la tentación de manipular la negociación para expandir su presencia territorial aprovechando la debilidad estatal y también, quien lo creyera hace unos años, la debilidad de Gustavo Petro.
A esto se suma el resurgimiento del fantasma del Pacto de La Picota, debido a que el caso Calarcá refuerza una narrativa sobre alianzas ocultas con actores ilegales para obtener beneficios electorales, especialmente en regiones dominadas por economías criminales. La conexión entre las disidencias del Cauca, intermediarios locales y campañas políticas parece reproducir los patrones de cooptación que definieron ese episodio. Esta coincidencia no solo erosiona la legitimidad del Gobierno, sino que alimenta la idea de que algunas estructuras armadas han dejado de ver al ejecutivo como adversario y han empezado a verlo como un espacio penetrable.
Aunque el concepto clásico de paramilitarismo no aplica a las disidencias, pues no son fuerzas contrainsurgentes ni operan bajo la órbita del Estado, sí podemos inferir que el país está viendo emerger un fenómeno distinto: una para‑política criminal de izquierda, que no se trata de ideología, sino de función. Las disidencias no buscan proteger al Estado, sino capturarlo. Su comportamiento, cada vez más cercano al de actores para‑estatales, implica infiltración institucional, manipulación política y uso estratégico de la violencia para obtener control territorial, económico y electoral, dicha mutación representa una amenaza tan peligrosa como el paramilitarismo histórico, pero más difícil de detectar y combatir.
La crisis también tiene efectos electorales en vísperas de las elecciones de 2026, cuando el país entra en un ciclo de sospecha generalizada sobre la transparencia del sistema electoral debido a las múltiples denuncias de infiltración criminal, la sanción internacional contra el Presidente y los vínculos territoriales entre disidencias y campañas minan la confianza en las instituciones electorales y abren espacio para discursos extremistas que podrían fragmentar aún más el tejido democrático, que es precisamente a lo que nos enfrentamos en este ciclo que entramos a vivir en el país, sumado a que los líderes políticos están ocupando sus agendas y su tiempo en atacar al presidente Petro de forma personal, pero no se quieren ocupar de resolver las crisis ante las cuales sucumbe Colombia.
Frente a este oscuro panorama, Colombia necesita una respuesta institucional inmediata y contundente al requerir una investigación independiente que aclare la cadena de custodia, analice la autenticidad de los archivos y determine con precisión el alcance de la infiltración. También se necesita reforzar los sistemas de control financiero sobre campañas, blindar la inteligencia del Estado y asegurar que los procesos de paz se desarrollen bajo estándares estrictos de transparencia y legitimidad. Ningún proceso de diálogo puede sostenerse si persiste la sospecha de que los actores armados participan simultáneamente en la cooptación política.
El caso Petro–Calarcá ha colocado al país en un punto de inflexión, la mezcla de infiltración narco‑terrorista, tensiones geopolíticas con Venezuela y Estados Unidos, sospechas sobre campañas regionales y crisis en la política de Paz Total conforma el escenario más delicado para la democracia colombiana en décadas. Si Colombia no enfrenta esta crisis con verdad, rigor y fortaleza institucional, corre el riesgo de quedar atrapada entre un Estado debilitado, un crimen organizado empoderado y la pérdida irreversible de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
luis Fernando Ulloa Castrillon