Pico y placa festivo: Bogotá debe conectarse al país

Bogotá DC., 30 de noviembre de 2026

Pico y placa festivo: Bogotá debe conectarse al país

El debate generado por la reciente decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de imponer pico y placa los sábados para los vehículos matriculados fuera de Bogotá ha reabierto una discusión profunda sobre gobernanza, movilidad y autonomía territorial, recordándonos que la capital del país no puede seguir actuando como si fuera una ciudad-Estado desconectada de su entorno. Aunque la administración ha defendido la medida bajo el argumento de descongestionar las vías y corregir desequilibrios tributarios, la realidad es que esta decisión afecta de manera directa a miles de ciudadanos de la Sabana que, aunque no residen en Bogotá, dependen de ella para trabajar, estudiar y desarrollar su vida cotidiana. Lo que parece una política de movilidad se convierte, en los hechos, en una acción con repercusiones territoriales, políticas y económicas que no pueden ignorarse.

En efecto, la administración sostiene que cerca del treinta por ciento de los vehículos que circulan en Bogotá tienen matrícula de otros departamentos y que esta situación reduce el recaudo destinado a infraestructura vial y servicios de movilidad. Sin embargo, esta visión desconoce la realidad metropolitana: la vida diaria de Bogotá no se explica sin los municipios de Cundinamarca que proveen fuerza laboral, servicios, alimentos y mercados. Es allí donde surge la primera pregunta clave: ¿cómo se puede gobernar la movilidad de una región integrada sin concertación con quienes la conforman? El gobernador Jorge Emilio Rey ha manifestado su rechazo a la medida, señalando que discrimina a quienes dependen de la ciudad para sobrevivir. Y tiene razón: sin transporte público regional sólido, sin acuerdos metropolitanos y sin una institucionalidad que articule decisiones entre Distrito y Departamento, imponer restricciones unilaterales es más un gesto de poder que una solución de movilidad.

De manera simultánea, otra pregunta emerge: ¿la medida responde realmente a un problema de tráfico o funciona como un mecanismo de recaudo encubierto? El aumento del cincuenta por ciento en el valor del “pico y placa solidario” para vehículos no matriculados en Bogotá opera, en la práctica, como un peaje urbano disfrazado, cuyo impacto recae sobre quienes menos opciones tienen. Entretanto, miles de ciudadanos capitalinos celebran la medida sin advertir que buena parte de sus propios vecinos —incluyendo funcionarios, docentes, comerciantes y profesionales— tienen vehículos matriculados fuera de la ciudad por razones económicas. Bastaría con mirar cualquier parqueadero o recorrer la Calle 26 rumbo al aeropuerto para constatar que incluso la sede de la Gobernación de Cundinamarca, ubicada en pleno corazón de Bogotá, representa simbólicamente la conexión innegable entre ambos territorios.

A este debate se suma un componente aún más delicado: el choque con las políticas de transición energética. Mientras el Gobierno Nacional incentiva la compra de vehículos eléctricos e híbridos como parte de una transición energética justa, la Alcaldía analiza imponer restricciones a los vehículos híbridos a partir de 2026. Esta decisión sería contradictoria con las medidas nacionales que han impulsado el reemplazo tecnológico del parque automotor mediante beneficios tributarios y de movilidad. Sería, además, un mensaje profundamente inconsistente para los ciudadanos: el Estado los invita a apostarle a tecnologías limpias, pero el Distrito pretende castigarlos con restricciones. Un desacuerdo de esta naturaleza conduce inevitablemente a una confrontación política entre el alcalde Galán y el presidente Gustavo Petro, especialmente cuando el Gobierno ha insistido en la necesidad de modernizar el sistema vehicular como parte de la lucha contra la contaminación y el cumplimiento de compromisos climáticos.

La discusión de fondo no es menor. La Constitución reconoce la autonomía de Bogotá como Distrito Capital, pero esa autonomía no es absoluta ni puede ejercerse a espaldas de los principios de coordinación, concurrencia, concertación y subsidiariedad que rigen el Estado unitario colombiano. Bogotá no deja de pertenecer a Cundinamarca, y sus decisiones no pueden desconocer el impacto regional. La ciudad-región es una realidad sociológica, económica y humana que ya superó los límites jurídicos del mapa. Rige el principio de interdependencia: lo que afecta a Bogotá afecta a Cundinamarca y viceversa.

La medida del pico y placa festivo, sin concertación y sin análisis integral de impactos, nos recuerda que seguimos administrando una región del siglo XXI con herramientas del siglo XIX, repitiendo la vieja tensión entre centralismo y federalismo que marcó la llamada “Patria Boba”. No se trata de disputar feudos territoriales ni de actuar como príncipes soberanos; se trata de planear la movilidad, la transición energética y el desarrollo urbano con visión regional y responsabilidad compartida.

Bogotá debe conectarse al país, no aislarse tras decisiones unilaterales. Debe liderar, sí, pero desde el diálogo y no desde el decreto. Si la ciudad quiere avanzar, está obligada a construir consensos con el Departamento y con la Nación, a respetar la transición energética justa, a pensar soluciones integrales y a entender que su responsabilidad no termina en la Calle 26 ni en la Avenida Boyacá. La metrópoli debe ser un proyecto común, no un campo de batalla político.

Por: Luis Fernando Ulloa Castrillón