Por Luis Fernando Ulloa 
En los últimos días, hemos sido testigos de cómo el debate político se ha encendido, pero también de cómo la justicia comienza a marcar límites claros. El presidente Petro, al señalar posibles irregularidades sobre un presunto contubernio entre el candidato Abelardo De la Espriella y la familia Bautista (propietaria de la empresa Thomas Greg & Sons) en el contrato de pasaportes, ha terminado por darle un alto protagonismo mediático a dicha candidatura. Se trata de una jugada política evidente: en un escenario donde Paloma Valencia viene consolidando el centro y captando el voto en blanco según las últimas encuestas, el presidente parece apostar por inflar una candidatura que le sería más fácil enfrentar. Los números sugieren que Cepeda podría derrotar a Abelardo en una segunda vuelta, y en su evidente rol de jefe de debate de la izquierda, el mandatario habría tendido una estrategia para posicionarlo en el centro de la opinión pública, a través de polémicas como las supuestas chuzadas y seguimientos ilegales, que el propio Abelardo (como curtido abogado penalista) ha sabido capitalizar en su favor.
Por otro lado, las encuestas recientes han transformado el panorama político. Hace apenas nueve meses, los nombres que dominaban la discusión eran otros: Gustavo Bolívar por la izquierda y Vicky Dávila por la derecha aparecían como posibles finalistas. Hoy, ese escenario cambió de manera sustancial. Es Paloma Valencia quien ha registrado un crecimiento significativo, captando el centro político y una porción importante de los indecisos. Mientras Iván Cepeda se mantiene consolidado en la izquierda y Abelardo se sostiene sin mayor importancia, las proyecciones de una eventual segunda vuelta muestran una ventaja para Paloma, lo que explica el evidente nerviosismo en la Casa de Nariño.
Finalmente, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ha sido categórico: el presidente debe rectificar. No es admisible poner en duda el sistema electoral sin pruebas. En un Estado de Derecho, las acusaciones (mucho menos las hechas desde redes sociales) no pueden sustituir la evidencia. Este es el punto central: la justicia le ha puesto límites al presidente Petro, recordándole que no se puede erosionar la confianza en la democracia mediante afirmaciones sin sustento. De aquí en adelante, más que señalamientos, lo que el país necesita son propuestas claras, debates serios y respeto por el orden institucional.
Todos estos elementos develan un cálculo político desde la Casa de Nariño. Aunque el presidente no debería intervenir en la contienda electoral, sus actuaciones sugieren lo contrario. Sin embargo, Colombia también ha sido testigo de algo fundamental: la justicia sigue operando como contrapeso. Y en esta ocasión, ha dejado una lección clara y necesaria para la democracia: sin pruebas, no hay acusación válida.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
luis Fernando Ulloa Castrillon