COP16 y la gran vitrina política: cuando la biodiversidad se queda en discurso

Hace poco más de un año Cali fue la sede de la COP16 de Biodiversidad, un evento que reunió a más de 190 países, jefes de Estado, delegados y organizaciones internacionales bajo la promesa de avanzar en la protección de la biodiversidad mundial. Colombia, como anfitrión, buscó proyectar liderazgo con el lema “Paz con la Naturaleza”, que pretendía hermanar la agenda ambiental con la política interna de un país fragmentado por la violencia y la pobreza energética, aunque el resultado fue una puesta en escena impecable en lo simbólico, infortunadamente fue vacía en lo sustancial.

Entre los logros anunciados estuvo la creación del Fondo Cali, un mecanismo multilateral para corregir un vacío legal en el acceso digital a la información genética de la biodiversidad. Según sus promotores, este instrumento recaudaría recursos del sector privado, principalmente farmacéutico, biotecnológico y agrícola, que lucra con los bancos de secuencias genéticas, para destinarlos a la conservación y el reparto equitativo de beneficios. Al menos un 50% de esos fondos iría a pueblos indígenas y comunidades locales, reconociendo su papel como custodios de la naturaleza. En paralelo, se aprobaron resoluciones sobre áreas marinas, se reconoció el rol de los afrodescendientes en la gestión ambiental y se lanzó la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza, que sumó a decenas de países y organizaciones.

Hasta allí todo sonaba prometedor, sin embargo, el tiempo ha dejado claro que los compromisos no han pasado del papel al territorio. El Fondo Cali fue lanzado oficialmente en Roma en febrero de 2025, pero hasta hoy no se conocen flujos significativos de recursos ni desembolsos efectivos hacia comunidades indígenas o afrodescendientes. Tampoco se han materializado mecanismos de pago por custodia ecosistémica a los países amazónicos, ni se ha visto que las multinacionales estén contribuyendo de manera real y verificable. En la práctica, lo que existe es un diseño institucional sin músculo financiero, un catálogo de intenciones aún sin resultados tangibles.

El contraste resulta evidente en la Amazonía donde la deforestación avanza sin control, especialmente en el Cauca donde la minería ilegal se afianza como fuente de financiación de actores armados y en el Chocó donde los ríos permanecen contaminados por mercurio. En estas regiones nadie habla del Fondo Cali ni de los acuerdos de la COP16 porque la llamada Paz con la Naturaleza se quedó en una consigna internacional mientras las comunidades enfrentan la paradoja de ser exaltadas como guardianas de la biodiversidad y al mismo tiempo vivir abandonadas por el Estado sin recibir los beneficios prometidos.

En medio de este panorama surge la dimensión política, pues la entonces ministra de Ambiente Susana Muhamad convirtió la COP16 en una gran vitrina universal para proyectarse nacional e internacionalmente y su discurso en la capital del Valle del Cauca, junto con la narrativa que construyó alrededor del Fondo Cali, le dieron la visibilidad que hoy capitaliza como precandidata presidencial por el movimiento Colombia Humana, paradójicamente hoy excluido del Pacto Histórico. El problema radica en que detrás de esa retórica ambiental nada se materializó, ya que no existen pagos efectivos por bancos genéticos, ni compensaciones a los pueblos amazónicos por custodiar especies, ni desembolsos verificables que lleguen a las comunidades, solo quedó su rutilante candidatura a la presidencia.

La conclusión es incómoda pero inevitable: el Gobierno convirtió la COP16 en un espectáculo diplomático útil para la proyección política de una ministra, pero irrelevante en términos de transformación real de los territorios. La biodiversidad no puede ser trampolín electoral ni moneda de cambio partidista; debe ser una política de Estado con instrumentos financieros robustos, trazabilidad pública y compromisos verificables. De lo contrario, Colombia repetirá la vieja fórmula de usar las cumbres globales como vitrinas de popularidad, mientras los bosques arden, los ríos se envenenan y las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen esperando una justicia ambiental que no llega.

En síntesis, un año después de la COP16, la promesa de un nuevo modelo de financiación ambiental sigue atrapada en discursos. Lo que queda en pie es una paradoja: la Paz con la Naturaleza fue rentable para una carrera política, pero sigue siendo un espejismo para los territorios que deberían beneficiarse. La verdadera tarea es demostrar que el Fondo Cali no es solo un titular, sino un mecanismo capaz de llevar recursos a quienes custodian la vida en medio de la violencia y el abandono, tan solo así Colombia podrá decir que la COP16 no fue una vitrina vacía, sino un paso real hacia un futuro sostenible.