La Constituyente del Gobierno tiene un mal Sabor

En estos días de fin de año, afloran los debates incendiarios, y en primer orden se encuentran las iniciativas políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro quien ha puesto sobre la mesa una propuesta de Asamblea Constituyente que deja, desde el inicio, un mal sabor en el ambiente democrático. La primera inquietud es de origen: no se trata de una iniciativa ciudadana que surja de una deliberación social amplia, sino de un impulso promovido directamente desde el Ejecutivo. Ese solo hecho enciende una alerta sobre la separación de poderes y sobre el verdadero espíritu participativo que debería animar cualquier reforma constitucional de fondo.

La pregunta inevitable sería: ¿qué es lo que no le está funcionando al Gobierno dentro del marco de la Constitución de 1991? Porque, hasta ahora, no se ha explicado con claridad por qué el país necesita cambiar su carta política y no, más bien, corregir problemas de gestión, ejecución o gobernabilidad. Entre los elementos que han trascendido aparecen propuestas inquietantes, como la creación de un nuevo tribunal constitucional, la revisión o recorte de las funciones del Congreso y cambios al sistema electoral.

Cada uno de estos puntos merece una discusión profunda y serena. El Congreso no es un obstáculo administrativo, es el corazón de la democracia representativa. Es allí donde se expresa el pluralismo político y donde operan los frenos y contrapesos que evitan la concentración del poder. Debilitar al Legislativo bajo el argumento de la eficiencia equivale a confundir gobernabilidad con subordinación institucional. En el Ejecutivo no reside la democracia; reside la administración del poder. La democracia vive en el equilibrio entre las ramas del Estado.

A ello se suma la intención de modificar el sistema electoral, sin que exista una explicación convincente sobre las fallas estructurales que justificarían una reforma de esa magnitud. Cambiar las reglas de juego en la antesala de una contienda electoral despierta suspicacias legítimas y erosiona la confianza en el sistema político, pues ninguna democracia madura reforma su arquitectura institucional bajo la presión de una campaña. Y es precisamente por este punto que el  debate no puede analizarse de manera aislada, por ello la propuesta de constituyente debe leerse junto con otras decisiones recientes del Gobierno, como la declaratoria de Emergencia Económica y el aumento del salario mínimo por decreto, sin concertación tripartita. Vistas en conjunto, estas medidas no parecen hechos independientes, sino piezas de una misma lógica política: la sustitución del debate institucional por decisiones excepcionales concentradas en el Ejecutivo.

Cuando el Gobierno afirma que la economía va bien, pero simultáneamente decreta una emergencia; cuando impone el mayor aumento del salario mínimo de la historia reciente alegando fragilidad social, pero reconoce estrechez fiscal; y cuando plantea reformar la Constitución para remover “obstáculos” institucionales, el mensaje implícito es preocupante en la medida que  las reglas existentes le resultan incómodas para su proyecto político en curso.

El riesgo no está en cada medida por separado, sino en su acumulación. Emergencia económica para gobernar con facultades extraordinarias, salario mínimo para capitalizar respaldo político inmediato y constituyente para rediseñar los contrapesos del sistema. Ese triángulo no fortalece el Estado Social de Derecho y antes por el contrario lo tensiona. La democracia no se protege ampliando el poder del Ejecutivo, sino preservando instituciones fuertes, deliberación plural y reglas estables, incluso —y sobre todo— cuando estas resultan incómodas para el gobierno de turno.

En síntesis, cuando un gobierno gobierna permanentemente desde la excepción, termina convirtiendo la excepción en norma. Y en ese tránsito, más que resolver las crisis económicas y sociales, se corre el riesgo de provocar una crisis mayor y más profunda basada en la de la confianza democrática. Por eso, este debate exige calma, rigor y memoria histórica. Y por eso mismo, seguirá siendo analizado y escrito, con responsabilidad, en El Dominical de Conexión Bogotá.

En Conclusión, el 2026 se perfila como un año decisivo no solo en términos electorales, sino institucionales. La lección que dejan la Emergencia Económica, el salario mínimo decretado sin concertación y la apuesta por una Constituyente impulsada desde el Ejecutivo es clara: cuando un gobierno enfrenta dificultades de gestión y gobernabilidad, la tentación de gobernar desde la excepción se vuelve recurrente. Sin embargo, esa ruta no fortalece la democracia, sino que la desgasta, y por eso la verdadera disyuntiva para Colombia en 2026 no es entre izquierda o derecha, ni entre continuidad o cambio, sino entre instituciones que resisten y poderes que buscan reescribir las reglas para no rendir cuentas. La democracia no se pone a prueba cuando todo fluye a favor del gobierno de turno, sino precisamente cuando las reglas existentes incomodan, frenan o contradicen sus intereses.

La moraleja se cierne en que el futuro democrático del país no depende de cuántas excepciones se decreten, sino de cuántas reglas se respeten. Si en 2026 Colombia normaliza el gobierno por decreto, la reforma constitucional oportunista y la economía administrada desde el cálculo político, el costo no será para un gobierno específico, sino para la confianza ciudadana, la estabilidad institucional y la democracia misma, por eso se dice que las democracias no colapsan de un día para otro; se erosionan cuando la excepción se vuelve costumbre y el poder deja de aceptar límites.