Pólvora en Colombia. Libertad con Responsabilidad

La temporada decembrina en Colombia trae consigo tradiciones, luces, celebraciones… y también un fenómeno que cada año pone en jaque la integridad física de cientos de personas: el uso de la pólvora pirotécnica. Según datos recientes, hasta 792 personas han sido lesionadas por pólvora en todo el país desde el inicio de las festividades, con cerca de un tercio de las víctimas siendo menores de edad —una cifra alarmante que obliga a una reflexión seria más allá de la costumbre.

Desde una perspectiva liberal, la reflexión debe partir de la intersección entre libertad individual y responsabilidad social. La libertad de celebrar, de reunirse y de expresarse culturalmente es un valor fundamental en una sociedad democrática. Sin embargo, esta libertad no es absoluta: termina donde comienza el daño a otros. La pólvora, por su propia naturaleza, no es un simple entretenimiento inocuo; su uso implica riesgos demostrables: quemaduras, amputaciones y lesiones oculares que alteran vidas.

La estadística no miente: la mayoría de las lesiones son quemaduras, y un porcentaje significativo de los afectados estaban manipulando voluntariamente estos artefactos. Esto nos sitúa en un punto clave del debate liberal: ¿puede el Estado intervenir para proteger la vida y la seguridad sin vulnerar las libertades individuales? La respuesta, en mi opinión, es sí —pero con criterios de proporcionalidad, educación y respeto por los derechos.

El liberalismo no defiende un laissez-faire absoluto donde todo está permitido y el Estado no regula nada. Defiende, por el contrario, que la libertad individual debe coexistir con reglas que eviten externalidades negativas —costos que recaen sobre terceros sin su consentimiento. Una lesión grave por pólvora no es un asunto privado: compromete recursos de salud pública, genera costos sociales y deja secuelas irreversibles en familias enteras.

Por ello, es legítimo y necesario que el Estado implemente regulaciones claras sobre la producción, comercialización y uso de artefactos pirotécnicos, acompañadas de campañas educativas que promuevan prácticas seguras y alternativas culturales menos peligrosas. La política pública no debe ser coercitiva sin sentido, sino informada, gradual y respetuosa de las libertades: por ejemplo, regulando puntos de venta autorizados, imponiendo estándares de seguridad, prohibiendo el acceso de menores sin supervisión estricta, y fomentando eventos controlados donde profesionales manipulen espectáculos de fuegos artificiales.

Además, la evidencia señala que los heridos no son solo quienes manipulan la pólvora, sino también observadores, muchos de ellos menores de edad. Esto nos recuerda que la libertad de uno no puede convertirse en una amenaza latente para la libertad de otros, especialmente cuando se trata de niños y jóvenes que no han elegido asumir esos riesgos.

La solución tampoco está en la prohibición absoluta, que podría empujar la práctica hacia la clandestinidad y eliminar cualquier posibilidad de control sanitario o educativo. Más bien se trata de compaginar la libertad con el imperativo de minimizar daños reales. Esto implica instituciones que funcionen, políticas que se basen en evidencia y prácticas culturales que evolucionen con la sociedad, sin sacrificar la seguridad en el altar de la tradición.

Colombia es un país con profundas raíces culturales y tradiciones que deben celebrarse. Pero también es una sociedad que merece evolucionar hacia prácticas que no cobren vidas ni dejen secuelas irreversibles. La pólvora puede ser parte de la fiesta, pero no debería ser sinónimo de dolor ni de tragedia recurrente.

La pregunta que debemos hacernos no es si la libertad de celebrar con pólvora debe existir, sino cómo podemos ejercerla sin poner en riesgo la vida de nuestros hijos, vecinos o seres queridos. La respuesta, en un marco liberal responsable, no pasa por negar libertades sino por estructurarlas de forma que protejan a todos sin suprimir la esencia de nuestras tradiciones.

Elaborado por: Juan Serrano